Fiscalización de las campañas políticas

 

 

Luis Carlos Ugalde

 

Los datos son impresionantes. El Instituto Nacional Electoral (INE) revisó 24 mil 230 informes de campaña correspondientes a 13 mil 550 candidatos (dos mil 667 federales y diez mil 883 locales). En 2012 el entonces IFE sólo revisó mil 605 informes correspondientes a igual número de candidaturas de la elección federal. No sólo revisa más sino en menor tiempo: en 2012 dispuso de varios meses y en 2015 de sólo 40 días después de la jornada electoral.

 

Como resultado de la última reforma electoral, ahora el INE fiscaliza todas las campañas del país, presuntamente para mejorar el control de los gastos ejercidos y garantizar la equidad en las contiendas. Lo hace en menor tiempo para que los resultados de la fiscalización sirvan para calificar elecciones y eventualmente anular las que hayan rebasado topes de gasto.

 

Las multas impuestas este año ascienden a 81.6 millones de pesos (en 2012 fueron 32.7 millones sólo para las elecciones federales). Este año se detectaron 14 rebases de tope de gasto de campaña en el caso federal que contrastan con 195 en 2012. Asimismo, según los reportes elaborados por ellos, los partidos dejaron de gastar 286 millones de pesos de financiamiento público: de ese remanente, según el consejero Benito Nacif, 231 millones corresponden a recursos federales y 54 millones son de financiamiento local. Si hay menos rebases de topes de campaña que en 2012 y además los partidos no agotaron el financiamiento que recibieron, luego entonces –concluyen algunos consejeros– la fiscalización no sólo sería un éxito rotundo sino que las nuevas normas habrían disuadido conductas irregulares y fomentado mayor transparencia y legalidad en el financiamiento y gasto de campañas.

 

Según el consejero Ciro Murayama, el establecimiento de nulidad de la elección por rebase de topes de campaña “contribuyó a inhibir los gastos excesivos de los partidos y los orilló a ser más cuidadosos”. Javier Santiago, también consejero, dijo que “el ejercicio fiscalizador logró su propósito, se ha confirmado el correcto registro contable y comprobación de la mayor parte de los gastos de campaña, se han determinado infracciones debidamente acreditadas y se proponen las sanciones correspondientes…”.

 

El contraargumento es que la amenaza de nulidad simplemente llevó a los partidos a “maquillar” las cifras para evitar ser sancionados. No es nuevo ese comportamiento –comúnmente muchas campañas llevan sistemas dobles de contabilidad– pero la nulidad habría agudizado ese fenómeno y en consecuencia se habrían reportado menos gastos ante la autoridad.

 

El nuevo sistema de fiscalización se basa en un módulo de registro y carga de operaciones que llevan a cabo los candidatos de forma directa, registrando operaciones cotidianas mediante facturas, contratos, etcétera. Posteriormente, el sistema permite confrontar y cruzar la información con la de otras autoridades hacendarias como el SAT o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El problema del modelo de fiscalización electoral –hoy como ayer– es que su eficacia depende en buena medida de que los partidos políticos reporten la totalidad de sus egresos. Sin embargo, con frecuencia se suben sólo ciertos rubros para no rebasar los topes legales dejando fuera gastos indetectables (por ejemplo, la movilización de las estructuras de promoción del voto que se pagan en efectivo, o bien el pago de cobertura informativa). Ciertamente el INE coteja los informes de los partidos con auditorias propias (por ejemplo, de espectaculares o de eventos organizados que se reportan en la prensa), pero las investigaciones propias del Instituto no pueden dar luz sobre actividades “invisibles” que se pagan en efectivo.

 

Si efectivamente los partidos dejaron de gastar 286 millones de pesos, como dicen en sus reportes de gastos de campaña, luego entonces lo lógico no sólo sería devolver esos recursos a la Tesorería de la Federación como ha propuesto el consejero Benito Nacif, sino incluso revisar a la baja el financiamiento de campañas porque significa que los partidos no requieren tantos recursos para competir. Nacif propuso reintegrar los saldos por dos razones: primero, porque el financiamiento de gastos de campaña se otorga para un fin específico que son las actividades proselitistas de un proceso electoral; y segundo, porque los partidos políticos tienen prohibido destinar el financiamiento a un fin distinto para el cual se le otorgó.

 

Varios consejeros y representantes de partidos se opusieron bajo el argumento de que no hay ninguna disposición expresa que obligue a los partidos a reintegrar esos montos. Lo más probable es que detrás de la negativa a devolver esos recursos esté el hecho de que efectivamente los partidos reportaron sus gastos de forma parcial para evitar la sanción de la nulidad. Estaríamos así en un ejercicio de simulación que lo único que hace es cumplir con procedimientos legales y administrativos sin atacar el rol perverso del dinero para financiar campañas políticas.

 

Que el INE cumpla con la función que le mandata la legislación no significa que la fiscalización cumpla un papel relevante para disuadir el financiamiento ilegal de campañas o el gasto excesivo.

 

Que la legislación establezca la anulación de elecciones no significa que tenga un poder disuasivo. El INE revisa primordialmente lo que los partidos le informan y de forma creciente, pero muy limitada, algunos gastos no reportados.

 

Twitter: @LCUgalde

 

 

 

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