PARA COMPRENDER LA
CENSURA ELECTORAL
Por Luis Carlos
Ugalde
El fin de semana el Instituto
Nacional Electoral (INE) ordenó al PRI suspender un promocional donde critica
la gestión del gobernador panista de Sonora, así como las fiestas organizadas
por diputados del PAN en Puerto Vallarta. En el spot se mencionan los “moches”
que presuntamente cobraba Luis Alberto Villarreal, excoordinador parlamentario
de ese partido. Los consejeros argumentaron que se estaba imputando un delito a
un panista y de paso generalizando en el caso de otros, cuando debía caber la
presunción de inocencia.
Días antes el INE había retirado
del aire otro promocional en el cual el PAN cuestionaba los relojes millonarios
del presidente del PRI, así como las propiedades de priistas en el extranjero,
en alusión a los departamentos en Estados Unidos que presuntamente tiene el
exgobernador de Oaxaca, José Murat (según reportaje del The New York Times).
Aunque no se acusaba de corruptos a ambos personajes, después de mostrar los
relojes y las propiedades inmobiliarias, una voz en off decía: “Di no a la
corrupción”, haciendo una imputación indirecta de delitos.
Hace 48 horas el PRI pidió
retirar otro spot que critica la comitiva de 200 personas que acompañó al
presidente de la República en su reciente visita a Londres. En este caso el INE
negó medidas cautelares porque
–según la consejera Adriana
Favela– en el promocional se hace una crítica más no una calumnia y además no
hay ninguna referencia al PRI. Se sabe que el consejero jurídico de la
Presidencia de la República habría impugnado el promocional.
Estamos viendo un juego que se
repite desde 2006. Los partidos lanzan un spot de ataque que es retirado por la
autoridad electoral sólo para reaparecer bajo diferente formato pero mismo
propósito. Quienes atacan se ofenden cuando son atacados y piden que el
adversario retire su “campaña de lodo”. Nada nuevo bajo el sol, salvo que la
ingenua pretensión de regular los “malos modales” de las campañas satura al INE
de quejas de los partidos, sus consejeros se convierten en analistas de
contenidos y sicólogos sociales y ello no mejora el contenido ni la calidad de
las campañas.
La reforma electoral de 2007
prohibió las campañas negativas en dos dimensiones: la denigración y la
calumnia. Denigrar significa “desacreditar a alguien, de palabra o por escrito,
publicando algo contra su buena opinión y fama”. Calumniar significa “imputar
falsamente un delito”.
La prohibición surge de 2006
cuando la coalición que postuló a López Obrador (PRD, PT y Convergencia)
consideró que la campaña en su contra difundida por el PAN: “López Obrador es
un peligro para México”, había generado odio y era una de las razones de la
derrota de su candidato. En la reforma electoral de 2014 se mantuvo la
prohibición de la calumnia pero se eliminó la restricción de la denigración.
Eso significa que el PAN podría
acusar hoy al PRI de ser “un peligro para México” pero no puede acusar a los
priistas de corruptos porque es imputar un delito (salvo que haya sentencia
condenatoria de un juez). Qué bueno que se proteja el principio de presunción
de inocencia, pero en un país donde el sistema de procuración es tan frágil y
la impunidad tan alta, muchos corruptos jamás son procesados ni sentenciados y
se priva a los votantes de conocer información relevante.
Luis Alberto Villarreal argumenta
que el spot del PRI lo calumnia cuando lo acusa de cobrar “moches” porque la
PGR ya lo exoneró. Sin embargo, cabe preguntar la profundidad y calidad de la
investigación; también si hubo carpetazo en aras de una negociación política
con el gobierno. Lo mismo ocurre con el caso Murat.
Además de los líos jurídicos,
existe una enorme hipocresía respecto a las campañas negativas. López Obrador
se quejó en 2006 del denuesto en su contra, pero lleva dos décadas haciéndolo
con quienes considera miembros de la mafia del poder. El PAN despliega campañas
de ataque en contra de la presunta corrupción del PRI, pero pide retirar spots
cuando acusan a sus miembros. Algunos periodistas critican a los partidos, pero
se quejan de que los cuestionen públicamente.
Quienes pugnan porque sólo haya
campañas propositivas deben considerar que hay más mentiras en éstas que en las
campañas negativas. Quien promete mundos ideales sólo sueña o inventa y no hay
referentes para refutarlo. Quien ataca o calumnia, debe probar al final del
camino (aunque ciertamente en el intento daña la honra de terceros). Pero aquí
cabe preguntar: ¿qué debe pesar más: la honra de un político o el interés
público de conocer hechos o incluso meras acusaciones?
Frente a los excesos de las
campañas negras, como les llaman algunos, debe decirse que la gente tiene
juicio y sentido común. Debemos abandonar el enfoque de la democracia infante,
llena de “niños” a quienes hay que enseñar qué oír y qué pensar. Al margen de
su nivel socioeconómico y su formación escolar, la gente tiene sentido común y
puede procesar información falsa y darle su justa dimensión. Tutelar la
libertad de expresión y de acceso a la información implica, desafortunadamente,
correr el riesgo del daño que generan campañas sin restricciones.
¿Significa eso que la calumnia es
bienvenida? No. La calumnia es perniciosa y debe combatirse; pero creo que debe
hacerse por la vía civil, no la electoral.
Twitter: @LCUgalde
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