En contra
del pacto
Para reaccionar a la tragedia de
Ayotzinapa, algunos dirigentes políticos y empresariales, así como el
presidente Peña Nieto han propuesto firmar un pacto por la paz y la legalidad.
Debe verse con cautela: aunque suene políticamente correcto, la firma puede
provocar más impunidad. El pacto puede convertirse en retórica de la promesa
para evadir la responsabilidad presente como ha ocurrido con otros acuerdos en
el pasado. ¿Por qué?
Porque cumplir la ley no requiere
de un pacto sino de cumplirla, simple y llanamente. Según el presidente en
turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la esencia del pacto contra
la violencia y la impunidad “debe ser para que cada nivel de gobierno cumpla
con su responsabilidad”. Pero cumplir con su responsabilidad, eso es, cumplir
la Constitución, no debería ser consecuencia de un pacto de buena voluntad sino
la obligación cotidiana de todo gobernante.
La experiencia de los pactos no es
buena (salvo el Pacto por México pero es de otra naturaleza, no para cumplir la
ley). El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, por
ejemplo, fue firmado en agosto de 2008 mediante una gran convocatoria:
Federación, estados, municipios, medios de comunicación, organizaciones
civiles, empresariales, sindicales y religiosas. Muchos y buenos propósitos:
depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública,
fortalecer al Ministerio Público, expedir la cédula de identidad, fortalecer el
sistema penitenciario, avanzar en el sistema penal oral y acusatorio. Hubo
avances en algunos temas pero buena parte de ellos quedó trunco.
“Quien no castiga el mal ordena que
se repita”, decía Leonardo da Vinci. Castigar a los responsables de Ayotzinapa
es la forma responsable y obligada para detener la turbulencia y el deterioro
que vive México. Promesas y discursos son ineficaces para construir justicia;
ésta se logra empezando por castigar a los culpables. No se trata sólo del
exgobernador Ángel Aguirre, el exalcalde José Luis Abarca y su esposa, así como
los policías y los sicarios que perpetraron el asesinato múltiple. La cadena
involucra a más personas, aun sea por omisión.
Los regidores y síndicos de Iguala
son responsables de aprobar el nombramiento del jefe de seguridad pública, para
lo cual debieron verificar la certificación e inexistencia de antecedentes
penales, entre otras cosas. Asimismo, el síndico procurador es responsable del
tema de seguridad pública, prevenir la comisión de delitos y auxiliar al
Ministerio Público, entre otros.
El Secretariado Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Pública debió haber acreditado el desempeño del
jefe de seguridad pública previo a su nombramiento.
El tesorero municipal, junto con la
aprobación del síndico procurador, es responsable de ejercer los gastos del
municipio y el manejo de los fondos, incluyendo el relacionado con la
seguridad.
El Congreso del estado tiene la
facultad de emitir las leyes en materia de seguridad pública estatal. Además,
tiene también la facultad de recibir las denuncias en contra de los miembros de
ayuntamientos, entre otros, para iniciar procedimientos de juicio político o
desafuero. Es responsable además de llamar a cuentas al gobernador de la
entidad cuando no contribuye a generar las condiciones de gobernabilidad de la
entidad.
Persiste la duda de qué obligación
tenía la Procuraduría General de la República cuando sabiendo de los presuntos
delitos del entonces alcalde de Iguala, transmitidos por René Bejarano, no
investigó ni previno los hechos posteriores. ¿Tuvo realmente elementos para
proceder a una investigación formal?
Es claro que los responsables de la
tragedia de Ayotzinapa no sólo son Abarca y los Guerreros Unidos. Hubo una
cadena de omisiones y deficiencias acumuladas a lo largo de muchos años que
condujeron a que se pudiera cometer tal atrocidad, al igual que otras que
desconocemos, pero que las narcofosas descubiertas señalan.
Si el Estado mexicano es capaz de
castigar ejemplarmente a cada uno de quienes al hacer o dejar de hacer algo
contribuyeron a la barbarie, se puede empezar a recomponer la dignidad y la
paz. Un pacto es buena voluntad y, en ocasiones, pura retórica.
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